"Consenso", "diálogo sincero" y mano tendida para pactar el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía, pero mientras llega el momento y se pasa a los hechos, el vicepresidente primero del Gobierno andaluz y el secretario general del PP, Antonio Sanz, mantuvieron ayer en comisión parlamentaria un combate dialéctico en el que predominó el reproche. "Es imposible que el Estatuto se pueda desarrollar con un Gobierno en estado terminal y con un presidente amortizado", aseguró el popular. El también consejero de la Presidencia le recordó que el PP "entró a empujones" en el debate y posterior aprobación del Estatuto y le dio un consejo: "Como joven pero veterano político andaluz que soy, le auguro un futuro negro que no concuerda con el centrismo que preconiza".
El tono entre ambos no se corresponde con el diálogo privado que las direcciones de los dos partidos mantienen con vistas a aprobar en el próximo pleno del Parlamento una resolución conjunta sobre la financiación autonómica. En tono solemne, Zarrías aseguró que la posición del Gobierno andaluz "no se va a desviar ni un ápice" de los principios que recoge el Estatuto de Autonomía en este asunto. Es decir, ingresos en función de la población real de la comunidad y nivelación de servicos.
El Gobierno se comprometió a presentar en esta legislatura 40 leyes de desarrollo estatutario, el 80% de ellas en los dos primeros años de la legislatura. En este bloque entraría, la ley de Régimen Local, la ley del acceso a la Vivienda, que estará en la Cámara en el último trimestre del año, la ley de Inclusión Social, en la que se contempla una renta básica para los más desfavorecidos, o la ley de Dependencia, entre otras.
En cuanto a los traspasos de competencias, Zarrías situó como prioridad absoluta la de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. La comisión mixta de Gobierno-Junta firmará el acuerdo antes de agosto, aunque la transferencia efectiva no se hará hasta el 1 de enero de 2009, cuando entren en vigor los nuevos presupuestos.
Los siguientes traspasos que pedirá la Junta son, entre otros, la autorización de permisos de trabajo a extranjeros y todo el paquete sobre la competencia ejecutiva de la función inspectora de la Administración autonómica en materia de trabajo.
El portavoz de IU, Diego Valderas, mostró su disposición al consenso, pero se quejó de que no había recibido llamadas del Gobierno para hablar de financiación o deuda histórica.
El portavoz socialista, Manuel Gracia, ironizó sobre el proceso de "conversión" del PP como "adalid" del Estatuto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de junio de 2008