El alcalde de Ador, Juan Vicente Estruch, del PP, no quiere que el plan urbanístico El Pinaret se retrase más de lo necesario y pide a la Consejería de Medio Ambiente que no recurra la sentencia del TSJ que anula la aprobación del plan, al no disponer del preceptivo informe sobre disponibilidad de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El artículo 25 de la Ley de Aguas exige que el organismo de cuenca aporte su dictamen, aunque a la hora de su aprobación no sea vinculante para la Generalitat.
El alcalde espera, según dijo ayer, que la CHJ efectúe su informe y, una vez acabado, el plan vuelva a la Comisión Territorial de Urbanismo para su nueva aprobación. El proyecto está a punto de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes, Francesc Signes, reaccionó ayer a la sentencia. "El TSJ ha desenmascarado la trama con la que [Francisco] Camps ha engañado a los promotores valencianos", declaró el diputado. Signes se refirió a este fallo como trascendente, "ya que es la primera vez que se decreta la anulación de un PAI por la falta de este informe".
Signes manifestó que "lógicamente, la sentencia será idéntica en el resto de recursos presentados", caso, por ejemplo de Porxinos (Riba-roja), Brosquil y La Vega (Cullera) y Nou Mil·leni (Catarroja). Por ello, el diputado socialista sostuvo que "la sentencia demuestra la falsedad de las expectativas creadas por el Consell con macroproyectos urbanísticos inviables".
Signes dijo entender las críticas de los promotores sobre el retraso acumulado en la tramitación de otros proyectos urbanísticos, muchos de ellos de viviendas de VPO.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de junio de 2008