Ningún portavoz del PP quiso ayer aclarar si el partido de Alberto Núñez Feijóo llevará a los tribunales el caso de la supuesta agente electoral del PSdeG después de que socialistas y nacionalistas impusiesen en el Parlamento un dictamen que no reconoce la existencia de irregularidades. El PP defendió sin éxito en el Pleno de la Cámara un texto alternativo que no sólo consideraba probado que el PSOE "financió su campaña electoral con fondos públicos" sino que, "a la vista de los evidentes indicios de comisión de posibles delitos", proponía al Parlamento remitir toda la información disponible a las autoridades judiciales.
El portavoz del PP, Antonio Fernández Miranda, reclamó insistentemente que "alguien" asuma responsabilidades políticas por este caso. Si los que el PP considera implicados (los conselleiros de Traballo y Presidencia, la diputada Marisol Soneira, el secretario general de Emigración y el alcalde de Muxía) no dimiten ni son destituidos, "el responsable será el presidente de la Xunta", advirtió.
Un Gobierno diferente
El representante del BNG, Carlos Aymerich, aseguró que "este Gobierno es diferente de los anteriores" porque es capaz de hacer una investigación y aprobar unas conclusiones "aunque sean incómodas" para uno de sus socios. Ahora "quien la hace la paga", como ocurrió en el caso del reparto de cheques en América, por lo que está seguro de que "el Gobierno, a la vista de las recomendaciones, también va a estar en este caso a la altura de las circunstancias".
A Xaquín Fernández Leiceaga le correspondió argumentar, en nombre de los socialistas, la inexistencia de pruebas que sustenten las acusaciones del PP, que calificó de "contradictorias" e "infundadas". El portavoz del PSdeG se preguntó si el PP va a pedir responsabilidades a los alcaldes populares que en tiempos de Manuel Fraga también viajaron en campaña electoral a América con cargo al convenio firmado con Iberia para facilitar billetes a emigrantes necesitados. O si va a exigir que Feijóo explique la entrega de un cheque de la Diputación de Pontevedra a un centro gallego en México durante la campaña de las municipales.
El dictamen final demanda acortar los plazos legales de recepción del voto emigrante de siete a tres días después de las elecciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de junio de 2008