La presencia de grupos de vigilancia ilegales, que obligan a ciertas empresas a contratar sus servicios de seguridad privada, es de sobra conocida. Lo que no se sabía hasta ahora era el alcance real de sus actividades. El consejero de Interior, Joan Saura, desveló ayer el misterio en respuesta a una pregunta parlamentaria de CiU: en Cataluña operan, al menos, 81 empresas de vigilancia intrusas.
Estos grupos mafiosos -a menudo, clanes familiares de etnia gitana- se ofrecen para garantizar la seguridad de un terreno en obras a cambio de una suma de dinero. Si la empresa constructora se niega al trato, se expone a sufrir robos y destrozos en la obra. Las falsas empresas utilizan personal no habilitado aunque, en realidad, suelen izar una bandera para dar a entender que es su terreno y que allí no se puede robar.
Los Mossos d'Esquadra realizaron el año pasado 134 inspecciones de servicios. De éstas, 50 culminaron en sanciones administrativas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de junio de 2008