Los tiempos en los que se disparaba con pólvora de rey parece que están llegando a su fin. La Consejería de Economía ofreció ayer un nuevo baño de realidad a los distintos departamentos de la Generalitat al publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana las normas para la elaboración del presupuesto de 2009.
La orden, con fecha del pasado 26 de junio, insiste en que "la economía valenciana se enfrenta a una difícil coyuntura económica derivada de la crisis financiera internacional iniciada a mediados de 2007". "En los últimos meses se ha producido una desaceleración económica brusca, más fuerte de lo inicialmente previsto, asistiendo en estos momentos a una situación de crisis económica", indica la orden firmada por el vicepresidente económico, Gerardo Camps.
La consecuencia de la situación económica, agravada por el elevado endeudamiento de la Generalitat obligada a cumplir un plan de estabilidad presupuestaria, hace prever que las cuentas de 2009 tendrán un carácter restrictivo. El consejero de Economía fija como primer criterio en la elaboración de las cuentas del año que viene la necesidad de "aumentar los recursos destinados a financiar las políticas de gasto social". Tras este criterio, Economía apuesta por impulsar las políticas dirigidas a los sectores productivos, potenciar las políticas activas de empleo y "mantener la política de racionalización del gasto".
Los criterios para elaborar las cuentas de 2009 se hicieron coincidir ayer con la orden de pago de 156 millones de euros a las cinco universidades públicas valencianas, correspondientes a los fondos necesarios para afrontar el pago de tres mensualidades. La transferencia no resuelve los graves problemas de tesorería de las universidades que han tenido que recurrir a las pólizas de crédito para hacer frente a los gastos.
En este mismo contexto, el consejero socialista de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Miguel Mazón reclamó la comparecencia del director general, Pedro García, para que informe del anteproyecto de presupuesto de 2009, que debería incluir un contrato programa con la Generalitat para sanear el ente público.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de julio de 2008