El Gobierno de Juan José Ibarretxe se quejó ayer, a través de un comunicado, de que el Tribunal Constitucional haya habilitado el mes de agosto para analizar la ley del Parlamento vasco que autoriza la consulta popular de soberanía, sin haber oído antes su opinión. El pasado martes había exigido al TC que se pronunciase antes del 15 de septiembre.
El Ejecutivo autónomo ha tardado 17 días en publicar la ley y no se ha personado aún en la causa. Ayer indicó al Constitucional que la celeridad no puede acarrear "menoscabo de la igualdad de condiciones de las partes". También le pidió que "anteponga la razón jurídica a la razón política, la razón democrática a la razón de Estado", y le advirtió de que en este procedimiento puede "empañar" su "trayectoria de protección de los derechos fundamentales".
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, calificó al Constitucional de "árbitro comprado" al servicio del presidente del Gobierno central.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de julio de 2008