Aparte de la más que probable inconstitucionalidad de la consulta propuesta por el señor Ibarretxe, sobre el texto de las dos preguntas planteadas -que me permito suponer que son conocidas, ya que su sola cita literal excedería el espacio permitido en esta sección- y a pesar de lo rebuscado y prolijo de su formulación, o quizá debido a ello, cabe plantearse algunas preguntas previas.
Sobre la primera de ellas, en la que la respuesta presupone el hecho de que ETA haya renunciado explícitamente a la violencia, ¿para qué ha de establecerse un final dialogado de la violencia si ésta ya no existe? En todo caso, si lo que se sugiere es que va a finalizarse también con una supuesta violencia del Estado español contra la comunidad autónoma vasca, ¿quién ha de dialogar con quién?
Respecto a la segunda, en la que ya sí aparecen interlocutores -los partidos políticos-, se pregunta sobre el apoyo a un acuerdo sobre el ejercicio del derecho a decidir por parte del pueblo vasco. De nuevo se encadenan interrogantes previos a la posibilidad de contestar: ¿a decidir qué o sobre qué?, ¿quién o quiénes son el pueblo vasco?
Si suponemos que el pueblo vasco lo integran todos aquellos a los que el señor Ibarretxe les pretende plantear la consulta, ¿tienen estos ciudadanos distintos derechos que los del resto del Estado español y que no estén especificados en la legislación vigente?, ¿el acuerdo resultante sería sometido a referéndum en la comunidad autónoma vasca o en el conjunto de España?
Demasiadas preguntas para sólo dos respuestas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de julio de 2008