A la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiara, las críticas de los consejeros de Hacienda a la oferta del Gobierno fue la norma general, aunque los motivos de los reproches varíen. De hecho, las declaraciones de los consejeros reprodujeron las posiciones comunes que se han erigido en los últimos y en las que se han encontrado comunidades de distinto color político.
Baleares defiende un bloque con Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana al que podría añadirse Madrid. "No hay ningún acuerdo, pero sí estrategias comunes", explicó el consejero valenciano Gerardo Camps (PP). Aquí la defensa común es primar la población como variable de reparto y reclamar que se considere el sobrecoste en los servicios públicos por el aumento de la inmigración. Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León lideran otro frente, contrario a que la población se perfile como criterio básico de reparto. Estas comunidades, con menor incremento demográfico, reclaman que se pondere el envejecimiento o la dispersión.
Andalucía y, en menor medida Castilla-La Mancha, fueron las comunidades más favorables al documento de Solbes. "El Estado ingresa más del 50% de los impuestos y gasta poco más del 30%; con las comunidades sucede al revés y hay que modificar el sistema para que eso deje de ocurrir", dijo el consejero andaluz José Antonio Griñán.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de julio de 2008