Una veintena de personas tendrán que acudir a declarar ante el juez Baltasar Garzón los días 8 y 10 de septiembre para aclarar por qué han sido destinatarios de fondos del ilegalizado Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), formación que tiene las actividades suspendidas por ser el instrumento político de Batasuna en el Parlamento vasco.
Algunos de los citados a declarar ya están imputados en otros sumarios, como el caso de Joseba Zinkunegi, por pertenencia a organización terrorista. O Asier Altuna, al que la Audiencia Nacional condenó a cinco años de prisión por intento de asesinato a un concejal del PP.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de julio de 2008