De rechazo en rechazo, y prácticamente sin solución de continuidad. Ése es hasta hoy el soniquete que se asocia a la propuesta del Gobierno de reforma de la financiación autonómica y local. La oferta del Ejecutivo ha cosechado una negativa casi general entre las comunidades. Ayer era el turno de los ayuntamientos y el resultado fue el mismo: no hay pacto ni parece cercano a corto plazo, a juzgar por las declaraciones de los responsables municipales.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, se reunió con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y expresó su voluntad de "mejorar la financiación de las entidades locales", e incluso se comprometió a presentar un documento la próxima semana, en el que se recogerán las líneas maestras de la reforma. La respuesta de la FEMP fue tajante: "El Ejecutivo sigue sin concretar, sin cuantificar prioridades, y no estamos de acuerdo porque queremos ver sobre la mesa la cantidad que se destinará a los ayuntamientos", aseguró el presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, Pedro Castro.
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El sudoku de la financiación se complica. El Gobierno se ha comprometido a aportar recursos adicionales a las comunidades. Y la ley de financiación local condiciona la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado a la evolución de dichos ingresos; si esos ingresos ceden en favor de las autonomías, se reducen también los de los ayuntamientos. Fuentes de Hacienda explicaron que Ocaña ofrece a los municipios más autonomía financiera y mantener el statu quo, lo que en la práctica supone que tras la reforma ningún ayuntamiento salga perdiendo. Castro reclama más dinero y financiación para las denominadas competencias impropias: las que corresponden a las comunidades y en realidad prestan los ayuntamientos y que cuestan unos 7.000 millones de euros, según la FEMP.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de julio de 2008