Otra comunidad más gobernada por el PP amparará el boicoteo a la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía. La Rioja se sumó ayer a Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia al anunciar que los alumnos objetores estarán exentos de ir a clase de Ciudadanía y de ser evaluados hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el asunto. Hasta ahora, ha habido sentencias de los tribunales superiores en contra de la objeción en Asturias, Aragón y Cataluña, y a favor -en casos de alumnos concretos, no para todos en general- en Andalucía y La Rioja.
Los padres riojanos que objeten, dice la consejería, tendrán que asumir por escrito las consecuencias de la resolución "final" del Tribunal Supremo. Una portavoz del Ministerio de Educación tachó la decisión riojana de "irresponsable", por perjudicar a los niños y dejar "la responsabilidad a los padres", mientras fomenta "el incumplimiento de una ley [la educativa] aprobada por el Parlamento". El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, aseguró a Efe que su Gobierno "ha sido respetuoso con todas las opciones".
Continúa así el culebrón de Educación para la Ciudadanía, que pretende transmitir los valores cívicos y constitucionales y los derechos humanos, según sus defensores, o "adoctrinar", según sus detractores, entre los que están los obispos, organizaciones católicas y el PP. Una polémica que amenaza con crecer en septiembre, cuando todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, empiecen a impartirla. Este año han comenzado siete y la cifra de objetores ha sido de alrededor de medio centenar entre más de 211.000 alumnos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de julio de 2008