El Parlament ha recibido una petición del presidente del Senado para que, antes de finales de septiembre, comunique los nombres de dos candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC), una vez reabierto el proceso de renovación de este tribunal. Según la carta enviada por el presidente del Senado, Javier Rojo, a la Cámara catalana le corresponde proponer un máximo de dos nombres de candidatos a formar parte del TC y dichos nombres deben ser comunicados antes del 29 de septiembre.
El presidente del Parlament, Ernest Benach, ya ha trasladado a los distintos portavoces de los seis grupos parlamentarios la petición del Senado y, según fuentes de la Cámara, una vez que se inicie a principios de septiembre el quinto periodo de sesiones, la mesa de la Cámara y la junta de portavoces abordarán esta cuestión con el fin de establecer el procedimiento para designar a los candidatos.
Ésta será la primera renovación de magistrados del TC en la que el Senado se dirige a las diversas asambleas o parlamentos legislativos de las comunidades autónomas para pedirles que propongan candidatos, debido a la reforma del artículo 184 del reglamento de la misma Cámara Alta. Los candidatos tienen que ser magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, y en cualquier caso, "juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la función respectiva". La renovación del TC es ahora posible una vez que este tribunal ha rechazado los recursos del PP interpuestos contra la ley orgánica 6/2007 (que modifica el funcionamiento del tribunal) y contra la reforma del Reglamento del Senado de noviembre de 2007.
La Generalitat ha aumentado en el último año la conflictividad con el Ejecutivo central -concepto que mide el número de impugnaciones de leyes o decretos estatales- para evitar que éste invada competencias incluidas en el Estatuto. No sólo hay conflicto cuando se presenta recurso de inconstitucionalidad ante el TC, que los hay, sino también a un nivel inferior.
Desde marzo de 2007, la Generalitat ha planteado seis conflictos de competencia contra otros tantos decretos gubernamentales y ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra la ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Desde 2007, el Gobierno central mantiene siete recursos contra la Generalitat.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de agosto de 2008