Después de pasar cinco años en el ojo del huracán por haber cometido diversas irregularidades al frente de la empresa pública Campo de las Naciones, Jorge Barbadillo, concejal del PP entre 1991 y 1999 y consejero delegado de la compañía pública de 1999 a 2003, deberá pasar por caja. El Tribunal de Cuentas le condenó la semana pasada a devolver a su antigua compañía (ahora llamada Madrid Espacios y Congresos) 104.280 euros, aunque la sentencia no es firme, por lo que el ex responsable de la empresa puede recurrirla, según publicó ayer El Mundo. Además, todavía tiene que seguir pasando por los juzgados debido a una querella criminal que interpuso el PSOE en 2004 y que está admitida por la Audiencia Provincial.
Las sospechas sobre su gestión irregular acompañaron a Barbadillo durante los cuatro años que fue consejero delegado. Realizó viajes, se alojó en hoteles e hizo cargos en tarjetas de crédito, entre otras muchas actuaciones, que no justificó.
Las cuentas de Campo de las Naciones no cuadraban y el PSOE municipal decidió tomar cartas en el asunto en 2003. Tras solicitar en dos ocasiones, ambas en balde, que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, abriera una comisión de investigación, presentó una querella criminal contra el ex consejero. Los socialistas le acusaban de un delito continuado de malversación de fondos públicos por valor de 135.600 euros.
Gastos sin justificar
El Ayuntamiento envió un informe al Tribunal de Cuentas a finales de 2003 y dejó en manos de este organismo la decisión de determinar si existían responsabilidades en la gestión de Barbadillo. El Consistorio le reclamaba más de 443.200 euros por gastos sin aportar factura abonados con las dos tarjetas de crédito que tenía a cuenta de la empresa, partidas adjudicadas a viajes por todo el mundo que no siempre tenían un fin laboral, gratificaciones a trabajadores y algunas obras que incrementaron sospechosamente su presupuesto, según El Mundo.
El Tribunal de Cuentas ordena ahora a Barbadillo devolver 104.280 euros a Madrid Espacio y Congresos. Se añaden a los 35.000 que ya debió reintegrar antes de dejar el puesto.
El edil socialista Óscar Iglesias aseguró ayer que pedirá a la empresa pública que suspenda el contrato con la auditora KPMG, que "no se enteró" de las irregularidades del ex consejero.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de agosto de 2008