Empeñada en perseguir el fraude fiscal, la Hacienda foral guipuzcoana ha remitido a la Fiscalía en lo que va de año un total de seis expedientes en los que ha apreciado indicios de delito y por los que las arcas forales han dejado de ingresar en principio un total de 2,1 millones de euros. El Código Penal tipifica como delito fiscal el fraude cometido cuando supera los 120.000 euros y se constata dolo o intencionalidad por parte del contribuyente, como recordó ayer la institución foral.
La Diputación tiene entre manos este ejercicio seis expedientes fiscales que considera que pueden suponer otros tantos delitos: dos se refieren al impago del Impuesto de Sociedades, otros dos por no abonar el IRPF y el resto por no ingresar el IVA. Los fraudes supuestamente cometidos oscilan entre los 192.000 y los 809.000 euros y en la mayor parte de los casos corresponden a empresas, según precisaron fuentes del citado departamento.
Una vez que el ente foral ha puesto los expedientes en manos de la Fiscalía guipuzcoana, corresponde a ésta determinar si existen o no indicios suficientes para formalizar la acusación de delito fiscal.
Otros tres casos
Además de estos seis expedientes, la Hacienda guipuzcoana está tramitando otros tres casos más en los que prevé reclamar a los defraudadores más de medio millón de euros en concepto de impago del IVA. Estos tres expedientes se encuentran "muy avanzados, por lo que, probablemente, se remitirán a la Fiscalía en este segundo semestre del año", tal y como apuntaron las fuentes informantes.
El departamento ha descubierto también una trama que puede haber defraudado más de tres millones de euros en el pago del IVA. Los contribuyentes supuestamente implicados en esta caso no tienen su residencia fiscal establecida en el País Vasco, pero "de acuerdo con su política de tolerancia cero con los defraudadores", la Hacienda foral ha elaborado un informe y lo ha enviado a la Agencia Tributaria estatal.
Todas estas actuaciones se enmarcan en el plan de lucha contra el fraude fiscal que presentó recientemente el diputado de Hacienda, Peio González. El plan incluye 20 medidas, entre las que destacan las dirigidas a reforzar el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de las actividades profesionales y empresariales, en especial, las asociadas con el sector inmobiliario.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de agosto de 2008