La justicia universal, cuyos antecedentes hay que buscarlos en El Tribunal de Núremberg que juzgó los crímenes nazis tras la II Guerra Mundial, como antesala remota de la Corte Penal Internacional (CPI) representada hoy por el Tribunal Institucional de La Haya, es un tribunal de justicia internacional permanente, cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad como la esclavitud, el apartheid, el exterminio, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas, los secuestros y el delito de agresión, entre otros. Tiene su sede en La Haya, Países Bajos.
Clave y decisiva la intervención de los sistemas judiciales de los Estados que hayan incorporado la jurisdicción universal para ese tipo de delitos a su legislación interna. Es el caso de España y de unos cuantos países más.
La creación de esa Corte es un paso importantísimo para que crímenes de genocidio y lesa humanidad no queden impunes.
El requerimiento del que ha sido objeto por parte de varias organizaciones tibetanas contra dos ministros, tres líderes políticos y dos generales de la República Popular China por supuestos delitos de lesa humanidad, en relación con la represión de las movilizaciones encabezadas por los monjes budistas en marzo pasado, pone a España en un brete ante la responsabilidad incuestionable de ejercer justicia en un momento comprometido y coyuntural por el que atraviesa la República Popular China, máxime cuando se celebran las olimpiadas en un país cuyo potencial humano es decisivo para el resto del mundo, con una población que dobla con creces a los habitantes de Europa, (1.300 millones).
Aunque nada más lejos de la realidad era pensar que el ex dictador Pinochet fuera a ser detenido en Londres en respuesta a una demanda de extradición presentada por el juez Garzón. Y ocurrió: el 16 de octubre de 1998.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de agosto de 2008