La asociación Francisco de Vitoria no se opone a que se aplique el alejamiento de la víctima o sus familiares o la prohibición de residir en determinado lugar, pero considera que esas medidas deberían quedar a criterio del juez en lugar de ser obligatorias. "En todo caso, debería plantearse como pena accesoria que, en su momento, cada juez estableciera en su sentencia; nunca como medida de seguridad posterior a la condena", explica su portavoz provisional Marcelino Sexmero. El segundo colectivo más numeroso entre los jueces, de tendencia moderada, tampoco está en contra de las medidas de vigilancia posteriores a la pena para terroristas que propone el PP, pero, al igual que en el caso anterior "como pena accesoria a criterio del juez".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de agosto de 2008