El Juzgado de Instrucción 1 de Vigo ha reabierto las diligencias previas incoadas a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Profesional de Peritos Inmobiliarios de Galicia (APPIG) sobre supuesta coacción del alcalde, Abel Caballero, y el concejal de Seguridad, Xulio Calviño, en el pleno que aprobó el plan general de urbanismo el pasado 29 de diciembre. Varios colectivos afirmaron entonces que se les impidió la entrada y que ésta sólo se permitió a público socialista.
El juzgado sobreseyó provisionalmente el caso, pero lo ha retomado a la vista de la documentación ampliatoria presentada por los denunciantes, que acusan a Caballero y Calviño de coacciones y abuso de autoridad en el régimen de acceso al citado pleno. El juzgado ha integrado las coacciones en el procedimiento iniciado por varios vecinos de Sárdoma por el mismo motivo. APPIG no proseguirá las acciones legales que había emprendido contra el plan urbanístico, que considera jurídicamente inseguro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de agosto de 2008