La Junta de Andalucía ha movido ficha en la convulsa actualidad del centro geriátrico Gecosol-Puertoluz, aunque para ello hayan hecho falta dos denuncias por presunta negligencia en tan sólo una semana y el anuncio del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, de la apertura de una queja de oficio. La Delegación de Bienestar Social de la Junta en Cádiz informó ayer con un comunicado que mantiene abierto un expediente sancionador a la sociedad propietaria del centro de mayores de El Puerto.
La Junta puntualiza que ha recibido hasta nueve denuncias referidas a la residencia, aunque el escrito matiza que "algunas de ellas están duplicadas al proceder de distintos cauces".
La reacción del Ejecutivo andaluz se produce después de que el consejero delegado de Gecosol, Marín Mendoza asegurara el pasado jueves en una conferencia de prensa convocada por él mismo que: "Todas las inspecciones que hemos tenido de la Junta de Andalucía han sido favorables".
Nueve requerimientos
Bienestar Social asegura que, como resultado de las inspecciones, "ha hecho nueve requerimientos o recomendaciones a la empresa que gestiona la residencia" y asegura que el centro "ha mostrado una actitud receptiva y colaboradora, y ha ido atendiendo a los requerimientos efectuados", por lo que los inspectores concluyen que la empresa "trata de mejorar los protocolos de atención a las personas mayores".
En nombre de la plataforma que agrupa a las familias de los presuntos afectados Fernando Romero dijo ayer: "No pretendemos que cierre, sino que quiten la concesión a Sagesur. ya que las incidencias comenzaron con su llegada".
"Queremos que los geriátricos cuenten con personal suficiente para atender a los ancianos y que ni la Junta ni el Estado contraten a este tipo de empresas, que se llenan los bolsillos a costa de los mayores", enfatizó Romero.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de agosto de 2008