La clase política catalana sabe perfectamente que su nuevo Estatuto salió adelante gracias a la extorsión que en aquel momento podía ejercer sobre el partido en el Gobierno. Hasta tal punto es así, que actualmente muchos diputados y senadores socialistas se ven obligados a dar explicaciones de por qué votaron a favor de un Estatuto que dañaba directa y gravemente los intereses de sus propias comunidades.
El papel lo aguanta todo, pero al final, las manifestaciones de voluntad que configuran sistemas de financiación individualizados tienen que someterse a condiciones de compatibilidad que venían resueltas en la archivulnerada Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. La inexplicable tardanza del Tribunal Constitucional en pronunciarse sobre el Estatuto catalán ha tenido la rara virtud de permitir apreciar en la práctica su radical incompatibilidad con los más elementales principios de igualdad entre los ciudadanos que han tenido que ser recordados por el propio vicepresidente económico. Sería éste un buen momento para derogar en todos los estatutos unos modelos de financiación que inexorablemente deben ser planteados conjuntamente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de agosto de 2008