La caducidad o no del trasvase Tajo-Segura, que enfrenta desde hace meses a las comunidades valenciana y castellano-manchega, está provocando alianzas políticas poco habituales. Si el pasado viernes socialistas y populares de Castilla-La Mancha se ponían de acuerdo para que el trasvase expire en 2015; en Valencia el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y el Grupo Socialista en las Cortes -apoyados además por un reciente informe de la Unión Europea- defienden a ultranza que se mantenga.
Ayer, el portavoz socialista de Medio Ambiente en el Parlamento autonómico, Francesc Signes, anunciaba la presentación en el próximo debate de política general de una resolución donde se defiende la consolidación del trasvase y de sus actuales normas reguladoras. "El déficit estructural de agua en la cuenca del Segura, y por tanto de Alicante, requiere de las aportaciones del río Tajo", justificó Signes.
Los diputados socialistas piden al PP que respalde esta resolución, pero antes quieren que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reitere su apoyo al trasvase, sobre todo después de que "su jefa [de partido]", Maria Dolores Cospedal, secretaria general del Partido Popular, se haya pronunciado a favor de la caducidad del trasvase.
El vicepresidente Rambla eludió el pasado viernes opinar al respecto; simplemente se limitó a defender la necesidad no sólo del trasvase Tajo-Segura sino también la derogada transferencia hídrica desde el río Ebro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de septiembre de 2008