El consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, insistió en que "el Gobierno de España debe actuar contra la inmigración ilegal no cerrando las puertas a la inmigración legal, tal y como ha hecho con el anuncio de la supresión de las contrataciones en origen" y consideró que el Ejecutivo central "debe contar con la opinión de las comunidades autónomas a la hora de regular los flujos migratorios". El consejero celebró que "el Gobierno de España haya dado marcha atrás sobre sus intenciones de eliminar los contratos en origen" y emplazó a impulsar una política de colaboración y lealtad institucional en una cuestión "tan sensible" como es la inmigración. Por otro lado, aseguró que las necesidades de centros de acogida para inmigrantes están cubiertas 562 plazas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de septiembre de 2008