El presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció ayer que, durante este mes o el siguiente, se aprobará la declaración de Bien de Interés Público y Social del entorno de Medina Azahara. Se pretende blindar el complejo arqueológico contra los chalés ilegales. Actualmente, los terrenos que rodean a este yacimiento están protegidos por un plan especial municipal y por la declaración BIC (Bien de Interés Cultural) de la zona. Sin embargo, existen unas 240 casas ilegales que tienen una difícil salida: son irreconducibles y las administraciones no pueden aprobar planes de mejora que impliquen su consolidación.
Chaves sostuvo que la nueva declaración servirá para impedir que se levanten más chalés. Pero no detalló qué se hará exactamente con las casas ya existentes. Según el presidente andaluz, en ese caso se apostará por "el diálogo para tratar de buscar, a medio y largo plazo, una solución". Esa salida deberá encontrarse en colaboración "con el Ayuntamiento cordobés" y sin "dañar los intereses legítimos que puedan tener los propietarios". Chaves también anunció la intención de su Gobierno de instalar en la zona una oficina de disciplina urbanística.
Diversas organizaciones como la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz o Icomos (órgano asesor de la Unesco) han apostado por encontrar una solución definitiva a este problema que amenaza el yacimiento. El defensor, José Chamizo, incluso elaboró un documento en el que se instaba a la Junta a negociar con cada propietario y a ofrecer una solución personalizada teniendo en cuenta si se tratan de primeras residencias o no.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de septiembre de 2008