El alcalde de Vitoria, el socialista Patxi Lazcoz, asumió ayer su responsabilidad tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento a rectificar por completo el proceso de renovación del mobiliario urbano. El primer edil quiere ahora llegar a un acuerdo con la empresa Elmusa (El Mobiliario Urbano, SA), primera adjudicataria de un concurso que tuvo que repetirse en 2001 precisamente por decisión del grupo municipal socialista, entonces en la oposición y ya encabezado por Lazcoz, que retiró su apoyo en este asunto al equipo de gobierno del PP y UA, en minoría.
El PSE entendió entonces, junto al resto de la oposición (PNV-EA, EH y EB), que las bases del concurso perjudicaban el interés público, ya que incluían entre otras ventajas para la adjudicataria la posibilidad de que recuperase el equipamiento tras 14 años. Además, no se evaluaban las posibilidades que ofrecía este mobiliario como soporte publicitario, por lo que el Ayuntamiento dejaba de cobrar por ello.
El concurso, que pretendía dotar a la ciudad de nuevas marquesinas, aseos públicos, postes de información, etcétera, se repitió con un nuevo pliego de condiciones. Ganó Cemusa, una filial de FCC, encargada hasta hoy de amueblar las calles de Vitoria. Elmusa recurrió de inmediato a los tribunales la decisión y, tras un largo proceso judicial, en el que ya le habia dado la razón el Tribunal Superior vasco, ha visto confirmada su reclamación por el Supremo en un auto fechado el pasado 22 de julio.
Tres meses de plazo
"Tenemos tres meses, hasta el 22 de octubre, para manifestar cómo queremos ejecutar la sentencia, así que, de momento, pido prudencia", sostuvo ayer públicamente Lazcoz tras reunirse con los portavoces de la oposición. Su mensaje se dirigía sobre todo al PP, que ayer insisitió en atacar al primer edil. "Nos movió el interés público y no nos arrepentimos de aquella decisión. Si el entonces alcalde, Alfonso Alonso, hubiera actuado con responsabilidad, no estaríamos en esta situación", abundó Lazcoz.
El consistorio no se muestra en principio dispuesto a devolver la adjudicación a Elmusa como ésta pide y piensa en pagar una compensación económica "o de otro tipo". "De momento, no vamos a concretar ninguna estimación hasta que la empresa no valore el perjuicio económico. Y si no llegamos a un acuerdo, seguiremos en los tribunales", concluyó el alcalde.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de septiembre de 2008