La conflictiva puesta en marcha en las aulas valencianas de la versión inglesa de Educación para la Ciudadanía (Education for Citizenship) -ideada por la Generalitat tras manifestarse el PP "en contra de esta asignatura y especialmente de su contenido doctrinario"- ha puesto contra las cuerdas al cuerpo autonómico de inspectores encargado de "evaluar y controlar" que se dé en la lengua de Shakespeare en todos los institutos de Secundaria. La Asociación de Inspectores de Educación del País Valenciano (Adide), que agrupa a 40 profesionales de un total de 123, denunció ayer su rechazo a "asumir funciones de comisarios políticos al servicio de ninguna ideología política, sea del signo que sea". En un manifiesto difundido subraya la obligación de los inspectores de "asesorar y garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos" y advierte de que "cualquier otro uso que se quiera hacer de su trabajo atenta contra su profesionalidad e imparcialidad".
El pronunciamiento revela el "profundo malestar" que hay en buena parte del cuerpo autonómico de inspectores tras las "instrucciones" del Servicio Central ordenando a los funcionarios ir a la caza de docentes, equipos directivos o claustros declarados en rebeldía que solo den la clase en valenciano o castellano. Cosa que, en la práctica, ocurre en la inmensa mayoría de los institutos. Adide, sección autonómica de la organización mayoritaria de inspectores de España que agrupa a un millar de funcionarios, subraya que ésta es una asignatura "obligatoria" más y que "la inspección tiene que velar y garantizar su cumplimiento como en el resto de asignaturas".La asociación profesional de inspectores recuerda a la Administración educativa -que ha emitido reiteradas resoluciones para imponer su Citizenship en inglés- que ni los profesores ni los alumnos tienen ni el nivel de comprensión escrito ni oral en inglés para poder desarrollar una materia tan abstracta y basada en los Derechos Humanos y la Constitución.
Los inspectores -en su calidad de "funcionarios técnicos de Educación"- insisten en que "están a favor de ir vehiculando alguna área curricular en una lengua extranjera". Pero Adide entiende que debe hacerse "progresivamente" y con "una normativa que tenga muy presente la autonomía de los centros para diseñar sus proyectos educativos, su modelo organizativo, su metodología y las infraestructuras -personal y material- dedicadas a ello".
Sin embargo, la orden de la Consejería de Educación, que desde julio está parcialmente suspendida de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia, precisamente pretende obligar a todos los centros educativos (sin mediar consulta) a dar Ciudadanía en inglés o, en su defecto, utilizar dos profesores simultáneamente (uno de ellos para traducirla o vehicularla en inglés).
La duplicidad de recursos movilizados por la Generalitat hacia Ciudadanía, entre docentes e inspectores, para tratar de que se dé en inglés en las 2.120 aulas de 2º curso de Secundaria que han estrenado esta asignatura, ha dejado de lado el esfuerzo administrativo y de profesionales que debiera de haberse destinado a implantar el inglés en las etapas de Infantil y Primaria. Los dos niveles, donde la LOE obliga a generalizar el inglés este año.
Así lo entiende Adide al recordar a la consejería que "es en esta línea donde se debería disponer prioritariamente de recursos y medios de todo tipo para conseguir un alumnado competente en las tres lenguas del sistema educativo (valenciano y castellano, como lenguas oficiales, y inglés o francés, como las lenguas extranjeras)".
Ni una cosa ni la otra. La presidenta de la asociación valenciana, Tudi Torró, denuncia que "25 años después del Estatuto valenciano y la Llei d'Ús i Ensenyament, los profesores siguen llegando a los centros sin la formación para poder impartir clases de línea en valenciano, ni tampoco se catalogan las plazas docentes para lograr un nivel adecuado de capacitación".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de septiembre de 2008