La Abogacía General del Estado prestará asistencia jurídica gratuita a través de sus letrados a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, lo que supone "poner al mejor bufete del Estado al servicio de la protección de las víctimas", aseguró ayer el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El ministro y la presidenta de la fundación, Maite Pagazaurtundua, firmaron ayer el correspondiente convenio en Madrid.
El titular de Justicia inscribió el acuerdo sellado en el conjunto de medidas de protección a las víctimas puestas últimamente en marcha, entre las que citó la próxima reforma del Código Penal, que incluirá el que los delitos de terrorismo más graves, como los asesinatos, no prescriban.
Pagazaurtundua destacó que el acuerdo dará a la fundación mucha seguridad jurídica. "Tendremos el mejor asesoramiento jurídico de los posibles", destacó. Dado que la fundación es una entidad con participación estatal y sin ánimo de lucro y que coadyuva a la política de auxilio a las víctimas, no deberá pagar nada al Tesoro Público por la labor que se le prestará.
La asistencia que le prestará el Servicio Jurídico del Estado comprende tanto el asesoramiento como la representación y defensa ante cualquier jurisdicción. Además, dará asistencia jurídica procesal penal a los miembros del patronato de la fundación y a sus empleados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de octubre de 2008