Reconocer la legalidad de los núcleos tradicionales y compensar a los propietarios expropiados del litoral gallego son las reformas de la Ley de Costas de 1988 que ayer el PP insistió en modificar. Esa es la única solución, según los populares, para paliar "las brutales injusticias" que se derivan de la aplicación de la norma.
La proposición de ley que presentó el PP de Galicia pretende que, cuando el Estado se incaute de cualquier propiedad situada en la costa en el marco de los expedientes de deslinde de dominio público, asuma las hipotecas y demás cargas financieras de los inmuebles. Si los titulares de las viviendas renuncian a este derecho de ocupación, siguió su portavoz en el Parlamento autonómico, Manuel Ruiz Rivas, "que reciban del Estado un bien de características similares en un radio de dos kilómetros".
La propuesta del PP incluye que se consideren urbanos los núcleos que estuvieran clasificados como tal en los instrumentos de ordenación vigentes en 1988 y no en los actuales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de octubre de 2008