"Por fin hemos hablado de los problemas de las víctimas, no de política". Con estas palabras sintetizó Roberto Manrique, presidente de la Federación de Víctimas del Terrorismo, la reunión que medio centenar de asociaciones celebraron ayer con representantes del Ministerio del Interior encabezados por su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba. El ministro les presentó los aspectos más importantes de la nueva ley integral de víctimas que prepara el Gobierno para ampliar los derechos de quienes sufran directamente el terrorismo. Los principales colectivos están de acuerdo en subrayar la unidad en la reunión. El portavoz de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, reconoció que temía que "pudiesen surgir enfrentamientos" entre algunas asociaciones. "Pero ha sido todo lo contrario, por primera vez ha habido unidad real. Casi todos han coincidido en incidir en los mismos temas: tratamientos psicológicos, personales e indemnizaciones", precisó Portero.
La reunión fue "un primer paso positivo", según el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio García Casquero. Los colectivos recibieron las 26 propuestas del Gobierno, que incluyen, entre otros aspectos, la consideración de víctimas a quienes sufran secuestros exprés de los terroristas, indemnizaciones a los que padezcan ataques en el extranjero y la protección de la dignidad de las víctimas frente a las ofensas de los condenados por el terrorismo y los grupos que les apoyan.
Cada fundación o asociación tuvo un turno de palabra para incidir en determinados puntos o denunciar las carencias de las propuestas. Interior se reunirá con cada una de ellas para tratar sus inquietudes y perfilar junto con otros ministerios implicados -como Exteriores y Justicia-, un borrador, que será el que llegue al Congreso de los Diputados para su aprobación.
Las demandas de las víctimas se centraron en dos aspectos fundamentales: las asociaciones de víctimas hicieron hincapié en la atención e indemnizaciones, mientras los colectivos cívicos estaban más preocupados por la dignidad de las víctimas y de las personas acosadas, según relató el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, quien calificó el encuentro de "muy cordial".
En línea con esta buena sintonía, el PSOE y el PP acordaron ayer una proposición de ley para la retirada de espacios públicos de la simbología que ensalza a la organización terrorista ETA. Será un texto al que intentarán darle "prioridad" en la tramitación, según adelantó la portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, el pasado lunes la Comisión de Interior del Senado aprobó por unanimidad una moción para que el Gobierno impulse la investigación de la renta y el patrimonio de los condenados por delitos de terrorismo para que hagan frente a las indemnizaciones, informa Pablo Ximénez de Sandoval.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de octubre de 2008