Los servicios jurídicos de la Abogacía de la Generalitat presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el "incidente de inejecución" de la sentencia que ordenaba revertir parte de la intervención realizada hace dos décadas en el Teatro Romano de Sagunto por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli. Es decir, presentaron el informe con el que el Consell pretende ahora la legalización de aquellas obras.
Según una nota de la Generalitat, el escrito presentado incluye el dictamen de una comisión interdisciplinar creada por la Consejería de Cultura en el que se llega a la conclusión de que "la obra de restauración (...) pudiera tener en la actualidad cobertura legal", según la ley de Patrimonio Cultural Valenciano aprobada en 2007.
El incidente de inejución llega a los jueces al tiempo que un escrito del abogado Juan Marco Molines, en su día diputado del PP, en el que exige cumplir la sentencia que ordenaba levantar las gradas de mármol y rebajar la pared del escenario.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de octubre de 2008