Por cada euro que la Administración central destina a la Ley de Dependencia, la Generalitat invierte tres. Ése fue el argumento implícito que sirvió de base al presidente del Ejecutivo catalán, José Montilla, para manifestar que la Administración central "no está a la altura de las circunstancias". El jefe del Gobierno catalán reconoció que el momento es de crisis y que la ley no se puede aplicar "de la manera prevista". Pero, con todo, apostilló severo que el acuerdo "se tambalea" y que la Generalitat destina muchos recusos a ayudar a las personas dependientes. Montilla hizo estas afirmaciones en el coloquio que mensualmente organiza la Fundación Pere Tarrés, con la colaboración de EL PAÍS, para debatir las políticas que afectan al tercer sector, que agrupa a las organizaciones con programas sociales.
Los portavoces de algunas de estas asociaciones se lamentaban ayer precisamente, en el curso de un vivo debate con el presidente catalán, de que las administraciones tiendan a olvidarse de ellas no sólo en las épocas de vacas flacas, sino también en las de vacas gordas. Montilla quiso tranquilizarlos: "No permitiremos que el peso de la crisis lo sufran los más débiles".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de octubre de 2008