El Gobierno de la Generalitat admitió ayer abiertamente el más que posible retraso de la aplicación de la ley de Dependencia. Con el nuevo año, la prestación a personas dependientes no sólo acogería a ciudadanos con dependencias severas o graves, cómo ahora, sino también a las consideradas leves. Pues bien, esas 30.000 personas previstas no recibirán las ayudas.
La Generalitat se prepara para el recorte. El consejero de Innovación, Josep Huguet, admitió que la crisis económica provoca "cierta complicación" en el desarrollo de la ley. Por ello, instó al Gobierno central a "mover ficha, ya sea poniendo el dinero que falta" o a "coger el toro por los cuernos y decir abiertamente que su aplicación será más lenta".
La consejera de Acción Social, Carme Capdevila, no le desmintió. Capdevila tampoco rechazó la idea que ya ha planteado el Partit dels Socialistes: posponer las ayudas a las personas con menor grado de dependencia ante las limitaciones de financiación actuales.
Capdevila reiteró que la Generalitat no podrá soportar durante mucho tiempo la carga económica que le supone la ley. Recordó que si se perpetúa la actual situación sobre el reparto de la financiación ambas administraciones, en 2011 la Generalitat se haría cargo del 81% del coste público y el Gobierno central sólo del 19%. La ley dicta que las administraciones se deben hacer cargo a partes iguales de dos tercios del coste, mientras que el usuario debe afrontar el otro tercio. Capdevila sostuvo que actualmente la proporción es del 67,8% sufragado por la Generalitat y el 22,2% por la Administración central.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de octubre de 2008