Las protestas por la falta de educadores para atender a los niños con necesidades especiales y graves problemas psicomotores, que cursan sus estudios "integrados" en colegios de Primaria, se suceden cada semana. Ayer fueron los padres y profesores del colegio público Santo Teresa de Valencia los que se concentraron al término de las clases ante el retraso de la Generalitat para cubrir la plaza publicada por la Consejería de Educación y, por tanto, que debía de estar debidamente presupuestada por Hacienda.
La semana pasada fueron los padres de unas niñas escolarizadas en el colegio Virgen de Lourdes de Castellón los que, desesperados, se plantaron ante la falta del personal especializado para atenderlas. Y como están el colegio Fuente de la Rosa de Aldaia, el Ramón y Cajal de Xirivella y un largo etcétera, según confirman Salvador Sanmartín, responsable del STEPV, y Pilar Paniagua, de CC OO.
"El problema es que los educadores y fisioterapeutas que trabajan en centros escolares siguen siendo funcionarios de la Consejería de Administraciones Públicas y deben ser autorizados por la de Hacienda. Esto hace imposible la coordinación entre las tres consejerías", resume Sanmartín.
La solución inmediata -mientras se negocia un cambio jurídico como piden los sindicatos- pasa por "crear un fondo económico para cubrir el cupo de bajas y vacantes en tiempo real", precisa Paniagua.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de octubre de 2008