El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, abogó por estudiar con "rigor" la medida aprobada por el Consejo de Ministros para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, que permitirá que los hijos y nietos de los españoles exiliados entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 por razones políticas o económicas, puedan optar, en dos años, a la nacionalidad que perdieron sus antepasados.
Touriño dijo que se trata de una "norma interpretativa" y avanzó que mañana lunes pedirá al secretario general de Emigración que explique "con todo rigor, detalle y calma" este aspecto. "Es necesario abordarlo desde el rigor y no desde una lectura rápida", reiteró.
De todas formas, el presidente del Ejecutivo gallego quiso remarcar que se trata de una norma que da cobertura a "prácticamente" todos los descendientes de la emigración y, en particular, a todos aquellos hijos o nietos de gallegos que emigraron después de la Guerra Civil.
También quiso resaltar que abarca a la "práctica mayoría" de los descendientes directos de la emigración anterior a la Guerra Civil (Cuba, Argentina, México...), "pudiendo los nietos y biznietos de emigrantes obtener ahora la nacionalidad, por pasar sus padres de ser españoles de adopción a ser españoles de origen".
"Es, sin duda, una norma que que despeja, prácticamente, la mayoría de las incógnitas que sobrevolaban entorno a la reforma de la nacionalidad", remarcó Pérez Touriño. El presidente de la Xunta hizo hincapié en que la ley establece mecanismos que permitirán que casi el 80% de "quienes potencialmente podían tener ese derecho lo vayan a tener".
"Es una norma que de manera generosa, abierta y muy amplia, repara un déficit histórico", concluyó Touriño, quien además explicitó que su tramitación tiene un tiempo de aplicación de dos años, por lo que no afectará al Censo Electoral de Residentes Ausentes para las próximas elecciones autonómicas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de noviembre de 2008