Recuerdo vivamente mi malestar cuando leí, en 1998, que el juez Garzón había ordenado la detención de Augusto Pinochet acusándolo, si la memoria no me falla, de asesinatos y desapariciones durante su mandato. ¿Cómo era posible -pensé entonces- que este juez se inmiscuya en un asunto sucedido en Chile, tan lejos de su país, y haga la vista gorda sobre las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil y en el periodo posterior en España, cuando aún viven, y andan por ahí tan campantes, centenares de los responsables de esos hechos?
Pero ahora me atrevo a pensar que aquello, así como las posteriores actuaciones del juez -como en el caso del torturador argentino Cavallo y la ilegalización de Batasuna y la captura de muchos dirigentes de ETA-, eran parte de una estrategia a largo plazo que legitimaría este último paso: investigar los crímenes del franquismo. Y saludo con entusiasmo esa decisión de Garzón: así como fue inadmisible pretender olvidar lo sucedido en la Alemania nazi, o en los regímenes militares de Chile y Argentina, España tiene ahora la oportunidad de sacar a la luz los hechos y revisar este horrible periodo de su historia. Será un acto valiente y enormemente saludable, aunque difícil y doloroso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de noviembre de 2008