La promotora Promocons Visalmi ha negado cualquier implicación en la estafa inmobiliaria descubierta en Salvaterra en junio, y que afecta ya a medio centenar de compradores que denunciaron a José Manuel González Grandal, Josiño, y Juan Carlos Barros Romero, ambos en prisión. Se les acusa de haberse quedado con el dinero de los contratos de reserva de pisos, cuya cuantía se estima en más de tres millones de euros.
Abogados defensores de algunos de los perjudicados anunciaron la pasada semana que pedirán la imputación de Promocons Visalmi sobre la base de las declaraciones judiciales de varios denunciantes, que apuntan a que esta promotora, entre otras, tenía conocimiento de las actividades irregulares de los dos implicados, antes de que se descubriera el millonario fraude y ambos huyeran al extranjero.
Promocons Visalmi niega que haya mantenido ninguna relación comercial con José Manuel González Grandal, el principal imputado, y que los contratos de reserva se formalizaran en sus oficinas o por personal de la empresa. Según la promotora, "la intención de la mayoría de los compradores era la de revender las viviendas falsamente adquiridas, siendo llamativo el hecho de que muchos de los perjudicados hubieran suscrito más de un contrato falso, movidos por el ánimo de lucro que presuntamente Josiño les ofrecía y garantizaba".
La empresa cree que solicitar su imputación en la causa, en la que se ha personado como perjudicada, es un intento de "alimentar estrategias con el ánimo de paliar las consecuencias de sus propios actos y de recuperar el dinero defraudado, ante la hipotética imposibilidad de que económicamente puedan responder los imputados".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de noviembre de 2008