"La secretaria no nos dijo que era ilegal conceder licencias". Carlos Silva Mariño, el ex alcalde del Partido Popular en Gondomar (Pontevedra) respondió así ayer por la mañana en el Juzgado de lo Penal número 2 a una de las preguntas clave formuladas por la fiscal, que lo acusa a él y a otros cinco concejales de su gobierno de un delito de prevaricación urbanística. El proceso, por el que se enfrentan a un año y medio de cárcel e inhabilitación, arrancó en febrero de 2005, cuando el Tribunal Supremo anuló el plan de urbanismo de Gondomar de 1997. Supuestamente a instancias de un informe de la secretaria municipal en aquel momento, la Corporación intentó, en un pleno celebrado el 10 de mayo, realizar unas correcciones para adaptar el documento a la legalidad.
La Xunta las rechazó y presentó un contencioso contra el ayuntamiento. Mientras todo eso sucedía, el gobierno municipal siguió concediendo hasta 37 licencias. Pese a las advertencias de la secretaria sobre las consecuencias que esto podría traer, Silva aseguró que el gobierno local intentó "defender legalmente el plan hasta el final" poniendo el caso en manos del despacho de abogados Garrigues y porque "todas contaban con informes favorables".
La palabra mágica
La fiscal preguntó a los acusados por qué el 17 de enero de 2006, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia invalidase la decisión del pleno municipal que pretendía modificar el plan, "es decir, cuando se sabía que el acuerdo era nulo", se concedió una última licencia. "La secretaria no nos informó de forma tajante que era ilegal hacerlo", respondió Mariño. El ex edil Alejandro Mosquera insistió en que a los entonces concejales les bastaba en la junta de gobierno con que en los informes figurase la palabra "mágica" de "favorable" para conceder una licencia, y no se preguntaban nada más.
Tampoco supieron decir ni Silva ni el resto de los imputados qué pasos se dieron para que el consistorio contratase asesoramiento jurídico externo a fin de defender sus actuaciones, ni cuánto se pagó por ese servicio ni por qué en ningún momento el grupo de gobierno consultó los pasos a dar con la Comisión Provincial de Urbanismo, pese a que la propia secretaria municipal así se lo había sugerido. El juicio continuará hoy con la declaración de tres testigos y concluirá el próximo 1 de diciembre.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de noviembre de 2008