Con verdadero estupor leí la noticia en EL PAÍS del 17 de noviembre titulada Uribe tropieza con la guerra sucia, donde se informa de que la fiscalía investiga al Ejército por 1.155 muertes extrajudiciales. Pero mi estupor proviene no de la noticia en sí, sino de que aparece como una novedad y que en el análisis de la misma se habla de la "ineficacia del control y mando del Gobierno frente a sus instituciones militares...".
Desde hace años se vienen denunciando estos hechos y otros que son ejecutados por los paramilitares y las fuerzas de seguridad, con pleno conocimiento cuando no la aquiescencia del Gobierno, y que se inscriben en la política de "seguridad democrática" del Gobierno de Uribe.
En 2007, 39 sindicalistas fueron víctimas de homicidios por parte de paramilitares. En los primeros ocho meses de este año ya fueron asesinados 40. También son asesinados líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y defensores de derechos humanos. En 2007, los paramilitares fueron responsables del homicidio de, al menos, 300 civiles; las fuerzas de seguridad, de unos 330; y los grupos guerrilleros, de cerca de 260. Hay tres millones de campesinos desplazados de sus tierras, muchas de las cuales caen en manos de paramilitares, guerrilleros o proyectos de multinacionales.
El azote de Colombia es la impunidad: veremos cuántos de los militares destituidos por el Gobierno de Uribe son procesados y condenados por sus crímenes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de noviembre de 2008