La Unión Europea se asoma por primera vez al abismo de la depresión económica, un envite que pone a prueba su capacidad de respuesta. Hace poco más de una semana, en Washington, los socios europeos fueron los valedores de una intervención pública masiva y urgente. El G-20, en la cumbre que reunió por primera vez a líderes de países ricos y emergentes, respaldó el desarrollo de ambiciosos paquetes fiscales para atajar la recesión. Ahora, cuando es tiempo de traducir las palabras en hechos, las divergencias amenazan con recortar el vuelo del plan de choque europeo.
Es la primera vez que la UE debate una estrategia de esta magnitud ante una crisis. Y cómo ocurre cada vez que se enfrenta a un gran reto, el nivel de acuerdo entre Francia y Alemania será determinante en el rumbo europeo. Las desavenencias marcan el punto de partida. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, aboga por una actuación conjunta que vaya más allá de coordinar 27 planes nacionales. La canciller alemana, Angela Merkel, se resiste a cualquier acuerdo que exija poner más dinero en la caja común. Alemania, que es el principal sostén del presupuesto comunitario, prefiere centrar sus esfuerzos en recuperar su economía, en el convencimiento de que la locomotora europea arrastrará al resto de países cuando vuelva a arrancar,
El freno alemán condiciona las propuestas que prepara Bruselas
Merkel y Sarkozy confrontan hoy sus posiciones en una cumbre en París
Sarkozy y Merkel tienen la oportunidad de limar diferencias y evitar así un nuevo fiasco europeo en la cumbre francoalemana que tendrá lugar hoy en París. De como se resuelva la tensión entre ambos países, depende el alcance de las propuestas que presentará el miércoles el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso. El plan no está cerrado, pero lo que se conoce evidencia que Alemania ha echado el freno.
El plan de la Comisión se apoya sustancialmente en tres palancas: coordinación los distintos planes nacionales, aumento de los recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y modificación de los reglamentos de los fondos estructurales y de cohesión para agilizar los pagos a los Estados.
El objetivo es aumentar la financiación pública, a través del BEI y de una transferencia más veloz de fondos ya asignados, para "devolver la confianza a empresas y familias y así reactivar el consumo", señala una fuente comunitaria. Otra fuente admite que "lo ideal serían medidas que tuvieran efectos inmediatos sobre el consumo, si pudiera ser antes de Navidad, pero es difícil".
Hasta ahora, no se prevé poner más dinero para inversiones, sólo medidas para elevar el ritmo de desembolso de los fondos. Tampoco hay iniciativas que impacten ya en la demanda, como recortes de impuestos. El centro de estudios Bruegel, que dirige Jean Pisani-Ferry, plantea reducir el IVA de manera temporal en un punto (el mínimo fijado por la UE es el 15%).
Según lo que ha trascendido del plan, el volumen de fondos que podrían movilizar el conjunto de Estados miembros llegaría a los 130.000 millones de euros, que equivale al 1% del PIB de la Unión. La cifra fue confirmada intencionadamente la semana pasada por el ministro de Economía de Alemania, Michael Glos, quien recordó que se trataba de una cuantía superior al presupuesto comunitario, dotado con 110.000 millones de euros.
Lo significativo es que Berlín dio a conocer su posición cuando Bruselas todavía debatía el volumen del plan y se hablaba de llegar al 2% del PIB de la UE, el mínimo recomendado por el FMI nada más acabar la cumbre de Washington. La canciller Angela Merkel agregó entonces que "no era cuestión de desembolsar más dinero", por parte de Alemania.
Barroso no ha querido "ni confirmar ni desmentir" las cifras divulgadas, lo que se interpreta como que el resultado final no estará muy alejado de lo dicho. Pero el presidente de la Comisión, que trabaja en los detalles finales del plan, defiende aún que ante "situaciones excepcionales hace falta respuestas excepcionales" y que el plan debe ser "grande y audaz".
Más allá de lo que aportará la suma de planes nacionales, Bruselas pretender agilizar la aplicación de los fondos estructurales y los fondos de cohesión, que suman 278.000 y 70.000 millones de euros, para el periodo 2007- 2013. La Comisión quiere simplificar la certificación de los proyectos que se hacen con dinero de estos fondos. Ahora, este complejo proceso administrativo retrasa varios meses el ingreso de dinero y la marcha de las obras públicas que financia.
También se aceleraran los trámites para acceder a la prefinanciación. Aunque el porcentaje del dinero que se adelanta es pequeño (oscila entre el 2% y el 4%), al referirse a la financiación de proyectos que pueden durar siete años, la cantidad que se avanza es significativa. Si los países reciben antes el adelanto, comienzan antes las obras y se contribuye a minimizar los fondos sin gastar. En 2008, de 35.000 millones de fondos estructurales asignados, no llegaron a gastarse 4.600.
El aumento de la capacidad de financiación del BEI, que el año pasado prestó 47.800 millones de euros en condiciones privilegiadas, es ahora urgente dada la restricción de préstamo desde las entidades privadas. Pero depende del acuerdo unánime de los Estados miembros para aumentar el capital del banco. Una tentativa que choca de nuevo con las reticencias alemanas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de noviembre de 2008