La oposición boliviana ha reanudado las protestas contra el Gobierno del presidente Evo Morales, al que acusan de tener una actitud propia de una dictadura por las recientes detenciones de líderes locales supuestamente relacionados con los actos violentos de agosto y septiembre.
Tras dos meses de silencio, los gobernadores de tres de los cuatro departamentos autonomistas han confirmado su decisión de reanudar el trabajo conjunto para frenar la persecución política emprendida por el Gobierno contra los líderes regionales. También colaborarán en la campaña por el no a la reforma de la Constitución que promueve Morales, y que será sometida a referendo el 25 de enero.
La primera protesta se registró en la región de Tarija, donde se llamó ayer a una huelga de 24 horas para expresar el rechazo a la detención del líder local Reynaldo Bayard y otros dos ciudadanos. Están acusados de haber participado en el atentado contra un gasoducto, aunque la empresa que lo gestiona informó en su día que el incendio se produjo por la mala manipulación de una válvula. Según el Gobierno, las detenciones son legales. También se están produciendo reuniones y protestas contra Morales en las regiones de Chuquisaca, Santa Cruz y Beni.
En coincidencia con la huelga, 4.000 campesinos seguidores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) llegaron al centro de Tarija para demandar del gobernador, Mario Cossio, que distribuya el impuesto petrolero entre las provincias, mientras los agricultores pidieron ayuda para paliar el efecto de una de las peores sequías que sufre la zona en años.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de diciembre de 2008