El sindicato ELA escenificó ayer su rechazo a la nueva Ley de Servicios Sociales al considerar que "no supone ningún avance en el reconocimiento de derechos" con respecto a la de 1996 y que plantea "una potenciación" del uso de servicios privados financiados con dinero público. El responsable del área social de la central, Mikel Noval, afirmó que la normativa aprobada el pasado viernes por el Parlamento vasco "es un fraude a la sociedad" porque ha salido adelante, según dijo, "sin ningún tipo de proceso participativo" y no ha recogido sus propuestas.
La ley da categoría de derecho subjetivo al acceso a los servicios sociales: cualquier ciudadano que esté empadronado al menos un año en Euskadi puede reclamarlos en los tribunales, al igual que los de educación y sanidad, por ejemplo. Aun así, la central mayoritaria en el País Vasco aseguró que la ley no supone ningún avance con respecto a la antigua. Noval quiso dejar claro que ELA no la ha respaldado y acusó al Gobierno vasco de querer dar la imagen de que la norma contaba con el apoyo "unánime" del Consejo Vasco de Bienestar Social, del que el sindicato forma parte. También criticó que haya que pagar por algunos de los servicios, aunque la tarifa sea proporcional a la renta del afectado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de diciembre de 2008