El Consejo de Ministros decidió, el pasado 12 de diciembre, extraditar a la Federación Rusa a Murat Gasáyev, ciudadano de ese país procedente de Chechenia que fue detenido irregularmente por los servicios secretos rusos en 2004 y torturado durante tres días, según denuncia Amnistía Internacional. Y lo hizo sin tener demasiado en cuenta que España es firmante de la Convención contra la Tortura, según la cual, "ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura". Dos días más tarde, María Teresa Fernández de la Vega, que probablemente estaba sentada a la mesa que decidió la extradición, presentó ante la ONU el Plan de Derechos Humanos de España; un plan que tiene, entre sus prioridades, la "erradicación de la tortura" a nivel internacional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de diciembre de 2008