El PSOE cargó ayer contra el Poder Judicial por la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado con la que ha saldado los errores judiciales del caso Mari Luz. Si el martes los socialistas respondieron con cautela a la multa, ayer el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, arremetió contra los jueces por la decisión: "El Poder Judicial no ha estado a la altura de las circunstancias y ha dado una imagen de debilidad extrema". Cuesta pedirá que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, comparezca "de forma urgente" en el Congreso para explicar la sanción.
Muy poco ha durado la armonía entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial y los políticos que les han designado. Por parte de los socialistas y se puede hablar ya de crisis.
El portavoz del PSOE: "Han dado una imagen penosa de corporativismo"
Los vocales del órgano de gobierno de los jueces tomaron posesión el pasado mes de septiembre designados por los partidos políticos. Relevaban a un consejo que llevaba dos años en funciones y que había dejado la patata caliente del caso Mari Luz. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió en octubre en una entrevista con EL PAÍS: "Espero que el nuevo consejo imponga tres años de suspensión al juez Tirado".
El PSOE albergaba la esperanza de que los nuevos vocales reconsideraran la decisión de sancionar al juez sevillano con una multa de 1.500 euros y que situara la penalización con algún tiempo de inhabilitación.
Sin embargo, el pasado martes, el pleno del consejo optó -por 14 votos a siete- saldar con 1.500 euros la cadena de errores judiciales que permitieron a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, estar en libertad pese a tener una condena en firme por abusar de su propia hija.
La decisión se tomó gracias a los votos del bloque de 14 jueces designados por PSOE y PP que optaron por la multa. Sólo dos de ellos, un progresista y un conservador, rompieron la unidad. Entre los que apoyaron la multa, Carlos Dívar (elegido por consenso entre PSOE y PP), Margarita Robles (designada a propuesta de los socialistas) o Concepción Espejel (propuesta por el PP). Los magistrados desoyeron los llamamientos de PSOE y PP, los partidos que los habían designado, a imponer una sanción más dura.
Sólo siete vocales -entre ellos la propuesta por PNV y el de CiU- pidieron que el juez Tirado fuera suspendido por no ejecutar durante dos años la sentencia contra Del Valle.
Cuesta arremetió contra el Poder Judicial: "Es un caso manifiesto de corporativismo en el que ha incurrido el órgano de gobierno de los jueces. Estamos en absoluto desacuerdo con la decisión. Los vocales han defraudado la confianza de los parlamentarios. Han dado una en imagen penosa de debilidad y corporativismo. Han demostrado ser rehenes de las asociaciones judiciales y han reaccionado con un pánico absoluto a la amenaza de huelga judicial". Las declaraciones de Cuesta responden a una decisión meditada al más alto nivel de la cúpula socialista y de la dirección del grupo parlamentario. Además, esta decisión la conocen el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y De la Vega, señalan en fuentes gubernamentales.
Las relaciones entre el Gobierno y la judicatura están muy enconadas por el caso Mari Luz. Tanto, que ya desembocó en una huelga de los secretaros judiciales y otra encubierta de jueces. Además, antes de la decisión del consejo, los magistrados anunciaron nuevas movilizaciones contra lo que consideraba una ingerencia del Gobierno en la labor del Consejo General del Poder Judicial. Todas las asociaciones de jueces apoyaron la decisión del pleno de multar a Tirado con 1.500 euros.
Pese a la cautela con la que el PSOE acogió la multa en un primer momento, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció que reformaría el reglamento sancionador a los jueces para evitar casos como éste.
La ratificación de la multa ha hecho que el grupo socialista manifieste, además, su resquemor con Carlos Dívar, presidente del Poder Judicial, de quien esperaban que hubiera comparecido ya en el Congreso de los Diputados.
Los socialistas, y en esto también incide Álvaro Cuesta -que además es presidente de la Comisión de Justicia del Congreso- quieren que trascienda su "perplejidad" por la tardanza de Dívar en comparecer ante la sede de la soberanía popular. "Ahora es urgente que comparezca y nosotros lo vamos a pedir", anunció Cuesta.
Este parlamentario recuerda la batalla durante los últimos años porque compareciera en el Congreso el anterior presidente de los jueces, Francisco José Hernando. Éste, sin embargo, se negó a someterse al control de los diputados al entender desde ese órgano que las razones para comparecer estaban muy tasadas y, siempre relacionadas con la presentación de la memoria judicial del año, no para otras causas. El PSOE teme que con Dívar vuelva a darse la circunstancia de que el Parlamento no tenga oportunidad de preguntarle o pedir explicaciones por sus acciones.
Los únicos vocales que comparecieron ante el Congreso antes de ser designados fueron los elegidos como juristas de prestigio. Pero su comparecencia, el pasado 11 de septiembre, fue un mero enjuague. Los portavoces de todos los partidos elogiaron a los aspirantes, incluso a aquellos que tenían un historial muy politizado.
Meses de tensión
- 8 de septiembre. Tras casi dos años de bloqueo, PSOE y PP renuevan el Poder Judicial. Los vocales asumen el caso Tirado. El anterior pleno se inclinaba por multar al magistrado.
- 3 de octubre. Justicia suspende dos años a la secretaria judicial de Tirado.
- 5 de octubre. De la Vega, en EL PAÍS: "Espero que el Consejo imponga tres años de sanción al juez Tirado".
- 21 de octubre. Los jueces se rebelan contra el Gobierno y realizan una huelga encubierta junto al paro de los secretarios.
- Noviembre-Diciembre. Los magistrados amenazan con movilizaciones si el consejo suspendía a Tirado.
- 23 de diciembre.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de diciembre de 2008