El último cuatrimestre de 2008 ha sido desconcertante en cuanto a la orientación de las políticas fiscales, que se movieron desde una conspicua acción de gabinete a la urgente respuesta a un cataclismo; es decir, de la gestión ordinaria al socorrismo.
Tal cambio es congruente con la evolución de la crisis, que, más que como un proceso social, se ha comportado como una catástrofe natural: por el mes de marzo era una borrasca un tanto amplificada, transformada allá por julio en una tormenta tropical que a lo largo del verano evolucionó a huracán y acabó sembrando de devastadores tornados el final del año.
Así, no es de extrañar que lo que a la altura del mes de septiembre era una estrategia fiscal de contención del gasto para absorber los incrementos automáticos y las reducciones de ingresos derivados de la crisis, haya evolucionado hacia la provisión de diversos fondos, a financiar con deuda, destinados a incrementar la actividad.
Crisis aparte, Galicia necesita más y mejor Administración local, ahí queda mucho por hacer
Pero lo más llamativo es que uno de esos fondos, ¡de 8.000 millones de euros!, se haya orientado a la financiación de obras municipales, en uso imprevisto del principio de subsidiariedad.
En efecto: los municipios juegan en el club de las administraciones públicas españolas el papel de señor rural o de pequeño burgués venido a menos y poco de fiar, porque, como los miembros de las castas inferiores hindúes, han llegado a la indigencia por deméritos propios, por su mal karma. A los ayuntamientos se les reprocha el urbanismo disparatado, la corrupción, el estilo cutre y hortera de Julián Muñoz, la frivolidad y la venalidad de obras infinitas, a veces faraónicas, otras liliputienses, pero muchas veces dudosas, precipitadas, discutibles.
Por eso, los ayuntamientos, a la altura de octubre, se enfrentaban solos a un lamentable escenario para sus cuentas de 2009: gastos crecientes y menores ingresos, tanto por participación en los del Estado como por la ralentización de la actividad urbanística.
Y en estas aparece el nuevo fondo estatal: unos 500 millones de euros para los ayuntamientos gallegos, a gastar en un año en relación proporcional a los habitantes empadronados. Esa cantidad es algo superior a lo que van a costar los 12 años de construcción de la Cidade da Cultura, y algo inferior a lo necesario para concluir el puerto exterior de A Coruña.
Todas las obras tienen que empezar a principios del segundo trimestre de 2009 y concluirse en el primer trimestre de 2010. Para que los trámites sean ágiles, cada actuación no puede superar los 5 millones de euros, límite hasta el cual la normativa europea no exige formalidades de publicidad incompatibles con la urgencia del caso.
Pues bien, este fondo puede enjuiciarse desde dos perspectivas: la de su eficacia como paliativo de los efectos de la crisis sobre la actividad y el empleo del sector de la construcción, y la de su racionalidad para la atención a las necesidades de infraestructura de nuestros pueblos y ciudades. Si en lo primero caben pocas dudas sobre su impacto, en lo segundo el efecto será más discutible.
Las actuaciones serán variadísimas, y mientras los municipios que trabajan con seriedad encontrarán la forma de aplicar esos recursos a atender los dos problemas más acuciantes de nuestras ciudades (la renovación y adaptación a las nuevas exigencias ambientales de las infraestructuras -ciclo del agua, servicios tecnológicos y energía-, y la movilidad -peatonal y de transporte público metropolitano-), otros muchos, sin capacidad ni interés, gastarán "su" dinero en reurbanizaciones de dudoso gusto o en equipamientos ociosos, ejerciendo de opulentos a cuenta de la crisis.
Para evitar que las anécdotas pintorescas y extravagantes, que seguro se darán, consoliden la mala prensa de los ayuntamientos, estos deberían recordar que la mejor inversión es un buen proyecto, que los proyectos requieren recursos y que en casi todas las áreas de la acción pública un buen proyecto acaba necesitando de una visión local: ese plano en el que todas las cosas se relacionan, se integran y se potencian.
Porque, crisis aparte, la comunidad gallega necesita de más y mejor Administración local, y ahí aún queda mucho por hacer.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de enero de 2009