La Fiscalía de Valencia pone en marcha un mecanismo por el que las personas que sufren alguna discapacidad podrán contar con la protección del ministerio público sin ser declarados incapaces. Es una consecuencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El objetivo es que cualquier persona que tenga algún impedimento mental para controlar su patrimonio, desde la pensión que recibe a las rentas que le aporten, por ejemplo, una vivienda alquilada o unos ahorros, puedan ser gestionados por una tercera persona que deberá rendir cuentas a la Fiscalía sin que antes haya habido que incapacitar a quien tiene afectadas sus facultades.
Teresa Gisbert, fiscal jefe provincial de Valencia, definió ayer este proyecto, que probablemente se extienda a toda España, de "totalmente modernizado y actualizado, como exigen los nuevos tiempos". Para la fiscal, a partir de ahora no se trata de reconocer a las personas como capaces o incapaces, sino que se debe garantizar su igualdad en el ejercicio de derechos.
La iniciativa ha sido visada y coordinada por la Fiscalía General del Estado. Según Gonzalo López-Ebri, coordinador de Civil y responsable del nuevo protocolo, "hay que lograr que las habilidades que el discapacitado conserva las siga manteniendo y que las que ha perdido las rehabilite".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de enero de 2009