La sentencia del Constitucional que ha disparado las alarmas en el Supremo y la Audiencia Nacional fue dictada el pasado mes de abril de 2008. Abdelhakim Issaoun, para el que el juzgado de instrucción número 4 de Las Palmas decretó prisión provisional el 6 de junio de 2002 en un procedimiento por estafa y falsedad en documento mercantil, ingresó ese mismo día en la cárcel para cumplir una pena de 2 años y 3 meses a la que se había llegado con su conformidad. Al año siguiente, se dictó una segunda sentencia de conformidad con otra pena idéntica.
Es decir, que desde el 7 de julio de 2002 hasta el 20 de marzo de 2003, Issaoun estuvo en prisión, en su doble condición de condenado y de preso preventivo. Por eso, en la liquidación de condena sólo se le abonó el periodo de prisión provisional comprendido entre el 6 de junio de 2002 (fecha que entra en la cárcel) y el 7 de julio de 2002 (fecha en la que la primera condena es firme).
En suma, se le abonó un mes y un día, período en el que aún no había sido condenado en firme pero estaba en prisión preventiva a todos los efectos.
Ése es el criterio habitual de abono de la prisión preventiva y es el que aplicó la Audiencia de Las Palmas, que explicó que no podía abonarle "el mismo período de privación de libertad en dos causas distintas". Frente a este argumento, el reo alegó ante el Tribunal Constitucional que había permanecido en prisión preventiva desde su detención, el 6 de junio de 2002, hasta que la segunda sentencia fue firme, el 20 de marzo de 2003.
Es decir, que frente al mes y un día de prisión provisional aprobado por la Audiencia, Issaoun reclamó que había estado preso preventivamente durante 9 meses y 14 días, lo que le fue concedido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de enero de 2009