Claved, una empresa de Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental) ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 34 trabajadores de su sección de montajes de componentes eléctricos, a la vez que da trabajo en la misma sección a 34 reclusas de la cárcel Brians 1 a través del Centro de Iniciativas para la Reinserción (Cire) de la Generalitat, lo que les permite pagar un sueldo inferior.
En un comunicado, el despacho de abogados Col·lectiu Ronda criticó que Claved, filial de la francesa Sofisme, "utilice la ventaja de la política de reinserción de la Generalitat para obtener mano de obra barata y fácilmente despedible, una nueva forma de precarización laboral".
De hecho, según los abogados, los trabajadores despedidos cobran 24 euros por hora, mientras que las prisioneras cobran 9.
Por ello, los afectados han decidido manifestarse hoy ante el Departamento de Justicia de la Generalitat. Justamente, el departamento advirtió esta tarde a la empresa de que cerrará el taller exterior del Cire abierto a mediados de 2008 si se confirman los despidos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de enero de 2009