La primera cumbre de comunidades autónomas y administración del Estado sobre menores extranjeros no acompañados llegados en patera o cayuco, auspiciada ayer en Tenerife por el Gobierno de Canarias, quedó ensombrecida por la ausencia de los gobiernos regionales de Madrid, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Galicia y Asturias. "Canarias pasa por una situación de emergencia que cuenta con el apoyo de todas las comunidades, pero eso sólo es un parche; esto es una cuestión de Estado", manifestó al acabar la reunión la consejera canaria de Bienestar Social, Inés Rojas.
Rojas reiteró que, con casi 1.500 menores de edad magrebíes y subsaharianos llegados en cayucos, que actualmente viven y se educan en los ocho dispositivos de emergencias del Gobierno y en 23 hogares gestionados por los cabildos, la situación es de "absoluto apremio". La consejera canaria reconoció no haber exigido a las comunidades que acojan un número concreto de niños y adolescentes, "pero todos han entendido que hace falta colaboración". Baleares suscribió ayer un acuerdo para que familias senegalesas residentes en este archipiélago acojan a niños llegados a Canarias, y Valencia anunció que puede acoger a 42 más.
La consejera no lo dijo expresamente, pero de sus palabras se desprende que hay consenso autonómico para pedir formalmente al ministerio de Celestino Corbacho que incluya un anexo dedicado a los niños-patera en la Ley de Extranjería, que incluya su tratamiento a su llegada, la asunción de su tutela por el Estado, su distribución en el territorio nacional y qué solución se les da al cumplir los 18 años. "Nos preocupa mucho que cada vez lleguen niños de menor edad, ¿qué está pasando?", concluyó la consejera canaria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de enero de 2009