Presido una empresa de materiales de construcción para obra pública.
El lunes 26 de enero me reúno con la alcaldesa de mi pueblo y autoridades autonómicas. Solicito eliminen las trabas burocrático-administrativas que dificultan nuestro trabajo.
La alcaldesa me cuenta que son debidas al temor del pueblo a que peguemos el pelotazo y nos vayamos. Le aclaro lo absurdo de este rumor pueblerino. Que lo que queremos es trabajar y le ofrecemos toda clase de garantías. Buenas palabras. El mismo día por la noche, el jefe del Gobierno, a través de la televisión, me pide confianza.
El martes 27 me anulan un pedido de obra pública porque el Estado no nos pagará a su debido tiempo. No hay dinero.
El miércoles 28 me veo obligado a despedir a 30 trabajadores eventuales.
El jueves me deniegan dos créditos que tenía solicitados. No hay dinero.
Emito un SOS de urgencia para que alguien me diga a qué autoridad municipal, autonómica o estatal debo recurrir para que me dejen trabajar, me paguen lo que me deben o financien con normalidad mi actividad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de enero de 2009