Tengo un hijo de 28 años. Hace dos, su pareja y él decidieron inscribirse en una cooperativa de viviendas para poder acceder a una de ellas. En la actualidad, la cooperativa ha tenido que hacer frente a uno de los pagos programados y ningún banco ha querido hacerles el préstamo. La cooperativa tiene la propiedad del terreno, que podría funcionar como aval, y está cumpliendo todos los requisitos legales que conocen y controlan los cooperativistas.
La solución, sugerida por uno de los bancos, ha sido pedir un préstamo personal a un 8% hasta que las "cosas cambien". En nuestro caso, los padres hemos avalado tal préstamo. Ante repetidas situaciones como ésta, ¿merece la pena seguir apoyando con dinero público (nuestro dinero) a unas entidades que incumplen una de sus finalidades fundamentales como es la de poner este dinero en circulación? Comienzo a dudarlo, sobre todo cuando los poderes públicos se limitan a dar "palmaditas en la espalda" y prudentes consejos a tales entidades.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de enero de 2009