Los administradores políticos tienen derecho a gastar el dinero público en los proyectos que consideren prioritarios para sus respectivas autonomías. Sobre el acierto de la elección de esas prioridades, la opinión pública se divide según la sensibilidad de cada uno, cosa que también es normal. Lo que no es normal ni aceptable, es la negativa del señor Carod-Rovira a informar sobre el coste de la nueva "embajada" catalana en el Rockefeller Center de Nueva York, manteniendo a los contribuyentes en la oscuridad acerca del empleo de una parte de sus impuestos. Quizá no sería demás recordarle al señor Carod-Rovira que la transparencia es virtud exigible a todo republicano, pues lo contrario recuerda a conductas monárquicas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de febrero de 2009