Nadie es capaz de dar una respuesta, pero sindicatos y empresarios se cuestionan por qué el Gobierno está tardando en convocar la reunión del pacto de concertación social de Andalucía que evalúe el VI acuerdo y proponga un nuevo documento que detenga la sangría de desempleo que está dejando la crisis. Desde Comisiones Obreras se asegura que la concertación es ahora "más necesaria que nunca". Igual opina la UGT, que piensa que muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz las últimas semanas podrían haberse enmarcado en el acuerdo de concertación, aumentando el mensaje de confianza.
Desde la patronal andaluza se piensa que el pacto tiene poco que decir ante la globalidad de la crisis y la falta de competencias de la Junta en asuntos clave y cuya decisión recae en el Gobierno central. Incluso aventuran la dilatación de un acuerdo hasta conocer los datos macroeconómicos del primer trimestre.
El VII pacto tiene que frenar el paro y garantizar las prestaciones
Hay que plantear un cambio de modelo económico urgente
El acuerdo no se cerrará hasta ver los resultados del primer trimestre
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El secretario general de Comisiones Obreras de Andalucía, Francisco Carbonero, explica que es urgente realizar ya una evaluación del finalizado VI acuerdo -"ha ido generalmente bien aunque hay cosas que se han ralentizado y otras que no han dado los resultados previstos"- y la puesta en marcha de un nuevo acuerdo que tenga principalmente dos objetivos: frenar la caída del empleo y mantener la protección social de los trabajadores en desempleo, de un lado, y buscar un cambio de modelo de crecimiento económico andaluz de otro.
Manuel Pastrana, secretario general de UGT Andalucía, se une a esos objetivos y cree que el retraso se enmarca en la propia situación de crisis. "Nunca se ha necesitado una transición tan rápida de un acuerdo a otro, pero hoy pensamos que no se puede dilatar el cierre del VI acuerdo, por eso hemos querido hacer ver a la Junta que es necesario priorizar un nuevo acuerdo con un paquete de medidas que ponga en marcha a las empresas y a la propia Administración".
Según Carbonero, lo que tienen claro los sindicatos es que no se puede seguir destruyendo empleo. "Nos vamos a oponer a los EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) sistemáticos; exigimos que no se faciliten por parte del Gobierno, porque no todas las empresas están en crisis y las que están en crisis tienen sobre la mesa instrumentos suficientes para mantener el empleo". "Hay que trabajar y que el Gobierno no sólo haga anuncios, sino que agilice la aplicación de las medidas. Se anuncian planes de obras pero, ¿cuántas se han iniciado? Y con los incentivos pasa lo mismo, cuántas empresas los han recibido o los van a recibir de inmediato", se cuestiona Carbonero, quien asegura que el Plan de la Vivienda ha funcionado bien inicialmente pero se pregunta: ¿Cuántas de las 14.000 calificaciones de VPO firmadas en 2008 se han podido iniciar? Y ¿cuántas no tienen aún financiación?
Según Pastrana, el Gobierno se ha metido en una vorágine de aprobación de medidas que le ha impedido ver la urgencia de convocar la mesa de concertación. "Han perdido la oportunidad de enmarcar todas esas medidas adoptadas las últimas semanas en un acuerdo de concertación que trasladaría un mensaje de mayor confianza a la sociedad. Además, desgraciadamente, de la forma en que se han hecho muchas no van a llegar siquiera a conocimiento de los ciudadanos y otras serán flor de un día en los periódicos".
El líder de Comisiones insiste en que Andalucía debe dejar de depender del modelo basado en el ladrillo, los servicios poco cualificados y el consumo interno, y que eso debe ser objeto del nuevo acuerdo. "Hay que plantearse un cambio de modelo urgente", afirma Carbonero. Pastrana lo ratifica. "Tiene que ser un acuerdo distinto de los últimos que se han realizado en época de bonanza económica, cuando la prioridad era dar cohesión territorial o sectorial o impulsar algún sector determinado. Ahora necesitamos parar la caída del empleo y del tejido productivo. No sólo se está destruyendo empleo, está desapareciendo parte de nuestro tejido empresarial. Las pymes siguen sin recibir financiación y hay que procurar garantizar esa inyección de dinero para mantener la actividad y el empleo".
Frente a ello la CEA cree que ese debate sobre el cambio de modelo productivo puede resultar estéril y poco efectivo "porque sus resultados se dilatarían 12 ó 13 años", afirma una fuente de la patronal.
Carbonero es partidario de mantener "sólo" como interlocutores al Gobierno y a los empresarios. "Otras propuestas como la que hace el PP están fuera de lugar. Los Pactos de La Moncloa tuvieron su momento, pero tenemos claro que no nos vamos a sentar ahora con 25 organizaciones para no sacar nada en claro y terminar con declaraciones institucionales. Hay que actuar. Está bien que haya apoyo desde las instituciones y acuerdos parlamentarios que apoyen las iniciativas económicas, pero no vamos a entrar en actuaciones que reflejan sólo una permanente campaña electoral", dice el líder de Comisiones.
Carbonero sitúa también en el punto de mira al Inem, del que dice tiene que garantizar las prestaciones, y al Gobierno central, al que advierte: "Si el Inem genera este año un déficit como resultado de una menor recaudación y mayores prestaciones, no vamos a permitir que se cubra con el beneficio de la Seguridad Social y del fondo de reserva, esto tiene que salir del Presupuesto del Estado, porque sería tirar por tierra la garantía de futuro que hemos logrado para el sistema de la Seguridad Social".
Para Manuel Pastrana, otro de los objetivos que tiene que conseguir el pacto es dotarlo de "mayor transparencia". "El nuevo acuerdo debe girar sobre los elementos clave de la crisis y con un planteamiento claro de transparencia, para que cualquier ciudadano tenga conocimiento claro de la evaluación de los planes que se aprueben".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de febrero de 2009